El Obispado se agenció la titularidad de la mezquita más grande de Occidente aprovechando la Ley Hipotecaria de Franco, que otorgaba la calidad de entidad pública a la Iglesia católica en España y de funcionarios a sus diocesanos. Las administraciones y la ciudadanía pretenden detener el proceso, algo posible antes de los diez años desde la firma de la titularidad, pero van con bastante retraso, pues el procedimiento se cumplirá en 2016.
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, considera éste un acto de usurpación pública por parte de la Iglesia, que gracias a este procedimiento se ha ganado la titularidad de más de 1.000 plazas sólo en la provincia de Navarra.
El mismo profesor ha realizado una conferencia sobre el tema en la que ha planteado las posibles vías para solucionar el problema. En primer lugar, propone llevar el conflicto a la esfera internacional con el fin de recaudar apoyos exteriores, y, en segundo, promover una campaña de concienciación de la ciudadanía. Todo ello con el fin de revocar y modificar la ley aprobada antaño por Franco, y así devolver la propiedad de la Mezquita a los cordobeses y a la humanidad.
La Iglesia califica erróneamente a la Mezquita de «Catedral» y en sus folletos se puede leer esa palabra para considerar al edificio, acompañada de la frase «intervención islámica» en su interior. Pero la historia no deja de demostrar que el templo fue una construcción islámica, dedicada en su origen y gran parte de su historia al culto de esta religión; que Córdoba fue habitada por clanes musulmanes y que los reinos católicos fueron quienes, tras la Conquista, reconvirtieron el templo al culto católico.
