El Tesoro de Guelph, con crucifijos y restos óseos traídos de las cruzadas, fue vendido por marchantes hebreos a Prusia en plena campaña hitleriana contra los judíos.
Una disputa legal por una colección de 42 piezas de arte religioso medieval de enorme valor artístico e histórico que fue vendida por comerciantes judíos a los nazis en 1935 ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos y este lunes se celebraron las primeras audiencias, según Law Insider.
Conocida como Tesoro de Guelph o Welfenschatz en alemán, la colección es pretendida por los herederos de dos integrantes del cuarteto de marchantes de arte que la compraron originalmente por 7,5 millones de marcos en 1929 y por su propietario, la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, una organización semiprivada.
La colección se exhibe desde 1963 en el Museo de Artes Decorativas de Berlín y contiene, entre otras cosas, unacruz con incrustaciones de cristales de roca, altares, crucifijos y fragmentos de huesos, supuestamente de santos, traídos de las cruzadas.
Los demandantes sostienen que el consorcio de sus antepasados se vio obligado a vender las obras en 1935 al antiguo estado alemán de Prusia a un precio reducido de 4,25 millones de marcos del Reich, debido a la campaña de persecución orquestada por los nazis contra la población judía de Alemania, que fue despojada de sus bienes. En este sentido, exigen la devolución del tesoro, cuyo valor estiman en unos 260 millones de dólares.
El presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, Hermann Parzinger, afirma, por su parte, que la investigación ha demostrado que comerciantes de arte judíos intentaron vender las reliquias en EE.UU. antes de 1935,pero que no pudieron obtener un buen precio en el mercado del arte debido a la caída de la bolsa de valores de 1929.
Desde 2008, los demandantes intentan conseguir la restitución de la colección en Alemania, pero en 2014 la Comisión Limbach, un organismo asesor del Gobierno alemán, dictaminó que el caso no cumplía con los criterios de una venta forzosa.
Los abogados defensores afirman que se trata de un caso histórico que podría desencadenar una serie de batallas de restitución a través de Estados Unidos. Aunque la legislación estadounidense prohíbe las demandas civiles contra gobiernos extranjeros, el caso ha terminado en la Corte Suprema de EE.UU. debido a una cláusula raramente utilizada que estipula que la toma de propiedad se efectuó «en violación del derecho internacional».
