La expulsión de los moriscos de España

Una de las decisiones más destacadas durante el gobierno del rey Felipe III de España fue sin duda la de expulsar al pueblo morisco del país, influido por las opiniones de sus ministros. ¿Por qué tomó esta decisión tan drástica?

Felipe III era hijo del rey Felipe II y de Ana de Austria. Sus territorios eran muy extensos, incluyendo la península Ibérica, territorios en Europa, el norte de África y las colonias americanas. Con lo extenso de su territorio decidió disponer de validos para poder administrarlo todo. Los dos más destacados eran el duque de Lerma, el duque de Uceda y el marqués de Vélez. Algunas de las medidas que hicieron fue cambiar la capital de Madrid a Valladolid durante algunos años, pero sin embargo la más importante fue sin duda la expulsión de los moriscos del país.

Los moriscos eran antiguos musulmanes que se habían convertido al cristianismo, la mayoría durante el reinado de los Reyes Católicos y tras la reconquista del reino de Granada. En aquellos años moraban en España 325.000 moriscos, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que en el país había aproximadamente unos 8 millones de habitantes. Por poner un ejemplo, simplemente en Murcia habitaban cerca de 15.000 moriscos.

A pesar de los informes positivos, el rey Felipe III sentía temor debido a que su pasado islámico hiciera que apoyasen al Imperio Otomano ante una invasión militar de España. Sin embargo, también se piensa que fue debido a la imagen que daba a la corona que los moriscos permanecieran en España. El 9 de abril de 1609, Felipe III decretó la expulsión de los moriscos.

Sin embargo, no todo el mundo apoyaba al rey. La nobleza castellana y aragonesa se opuso, ya que los moriscos estaban centrados en la agricultura, algo básico. La expulsión comenzó en Aragón ese mismo año, pero no se extendería hasta Castilla hasta cinco años más tarde, ya que al estar tan dispersos por el territorio no presentaban amenaza alguna.

Como se ha dicho antes, la presencia de los moriscos en Murcia era muy importante. Los representantes del territorio en las Cortes reivindicaron la permanencia de estas personas, ya que, según ellos, se habían integrado perfectamente entre la comunidad cristiana. Felipe III decidió hacer una excepción con ellos y concederles algo más de tiempo.

El rey decidió entonces enviar al fraile Juan de Pereda para que hiciese un informe que hablara sobre la adaptación y situación de los moriscos en el reino de Murcia para después decidir su expulsión o no. Pereda decidió consultar con informantes y con la propia Iglesia. La Santa Inquisición se mostró a favor de los moriscos en la región murciana, ya que no habían dado problema alguno, incluso algunos habían profesado como sacerdotes. Por todo ello, el informe que Pereda le entregó al rey era partidario de la permanencia del pueblo morisco en el reino.

Pero no todo el mundo estaba a favor. Algunos de los informadores afirmaban que algunos moriscos fingían haberse convertido y que practicaban en secreto la religión islámica. Debido a ello, el Consejo de Estado aplazó la decisión final sobre la expulsión.

Finalmente, en la resolución del 4 de marzo de 1613, Felipe III ordenó la expulsión de los moriscos exceptuando a los menores de ocho años y a los ancianos enfermos. Les concedió un tiempo de 10 días para ceder o vender sus bienes antes de su marcha.

La expulsión de los moriscos murcianos estuvo bajo el mando del conde de Salazar. Junto con los tercios españoles, condujo a los moriscos hasta el puerto de Cartagena, donde la Armada Real escoltaría las naves con destinos como el norte de África, Francia e Italia en diciembre de 1613 y enero de 1614.

Sin embargo, algunos habían huido y se habían escondido en la sierra. Tras esta expulsión, todos los que se habían mantenido ocultos volvieron a sus hogares. Algunos de ellos volvieron por su propio pie a sus tierras, pero el rey ordenó al conde de Salazar que los apresara, siendo destinados a galeras o esclavitud en las minas.

La expulsión de los moriscos tuvo graves consecuencias, como la drástica disminución de la población y como consecuencia la falta de mano de obra en los campos o el cambio de titularidad en las viviendas y propiedades; además, se terminó con el proceso de unificación religiosa, siendo la cristiana la única en el país, y se sanearon las arcas reales.

Imágenes: Dominio Público